Esperando a Bukele

José Miguel Aldunate

Nayib Bukele -con su estrategia sin concesiones de mano dura contra el delito- obtuvo un 85% de los votos en las elecciones presidenciales de El Salvador. Una victoria aplastante.

Aquí, mientras tanto, la delincuencia sube. Las condenas bajan. Las cárceles están que revientan. No se sabe cuántas vueltas da la puerta giratoria. Y a casi nadie le importa la discusión que tuvieron el Fiscal Nacional, el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema sobre el abuso de la prisión preventiva.

“La población sólo entiende que jueces, fiscales y Gobierno se pasan la pelota, mientras la delincuencia no para de crecer. El Bukele chileno vendrá, si todo sigue igual, seguro que vendrá”.

El asunto empezó cuando el Fiscal Nacional criticó que formalizados como Cathy Barriga cumplan arresto domiciliario “al costado de sus piscinas” y no en prisión preventiva. El ministro de Justicia respondió que hay un abuso de la prisión preventiva como adelantamiento de la pena, lo que contribuye al déficit carcelario. Pero el presidente de la Corte Suprema replicó que no hay tal abuso, que los jueces deben fallar conforme al mérito del proceso y que la responsabilidad por el atestamiento de las cárceles es del Ejecutivo.

No quiero faltar el respeto a ninguna de estas autoridades. Por supuesto que el asunto tiene interés. Pero hay algo, no en el contenido, sino en el hecho mismo de la discusión, que resulta muy preocupante.

Lo primero y más obvio es que ya es bastante feo que autoridades que deberían estar coordinadas en la persecución del delito se pongan a discutir por la prensa. Quitando al reducido número de entendidos que comprenden la relevancia del tema —que la tiene, sin duda— el grueso de la población sólo entiende que los jueces, los fiscales y el Gobierno se tiran la pelota unos a otros, cada uno desde el feudo particular de sus propias atribuciones.

El hecho es que el crimen organizado y el narcotráfico no paran de crecer. El hecho es que antes nos quejábamos de los lanzas y ahora nos quejamos de las balaceras. El hecho es que crímenes que hace una década habrían paralizado al país, hoy ocurren todas las semanas. Entonces, no es posible entrar con tan buenos argumentos a un debate por la prensa, cualquiera sea la posición defendida, mientras los resultados son cada vez peores.

Los partícipes en el debate –repito, relevantísimo– sobre la procedencia de la prisión preventiva no comprenden que dicho debate sólo es posible porque aún no hace acto de presencia nuestro propio Bukele chileno, cosechando a manos llenas en el fundo de nuestra parálisis institucional.

Pero vendrá, si todo sigue igual, tengan por cierto que vendrá. Y, entonces, adiós presunción de inocencia. Adiós debido proceso. Adiós rehabilitación penitenciaria. Adiós al acuerdo civilizatorio que hace posible el debate sobre la procedencia de la prisión preventiva.

Por eso es urgente que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo e, incluso, el legislador, actúen de manera coordinada en la búsqueda de un resultado de primer orden: el aseguramiento de la seguridad y el orden público. De lo contrario, todos los grandes y pequeños debates sobre las garantías procesales no serán más que abono del hastío.